Las cabinas, ese anacronismo en plena Sociedad de la Información, que durarán al menos un año más

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publicaba el pasado miércoles sendas órdenes en las que obliga a Telefónica a seguir prestando estos servicios desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, con la posibilidad de que esta designación pueda extenderse hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Ministerio explica que la prórroga en un año de la obligación a Telefónica de hacerse cargo de las gestión de las cabinas y la guía telefónica dependerá de si ambos servicios siguen considerándose un servicio universal o esta calificación es suprimida o modificada por la normativa nacional o comunitaria aprobada en materia de comunicaciones electrónicas.

Para la fijación del plazo se ha tenido en cuenta la necesidad del operador designado de contar con un período suficiente para definir y ejecutar un plan de negocio realista, así como la conveniencia de revisar cada cierto número reducido de años las condiciones de prestación en competencia de los distintos elementos del servicio universal.

En este contexto, recuerda que en marzo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) remarcaba que estaba "en claro declive" y aconsejaba replantearse la conveniencia de seguir exigiendo normativamente la prestación de este elemento del servicio universal dado su bajo nivel de demanda y que en un número significativo de países de la Unión Europea ya no se designa operador encargado de su prestación.

A este respecto, añade que la propuesta de la Comisión Europa de septiembre de 2016 de reforma del marco jurídico de las comunicaciones electrónicas en Europa, el denominado Código Europeo de las Comunicaciones, ya no incluye como obligatorio el suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago y la elaboración y entrega de la guía telefónica como parte integrante del servicio universal de telecomunicaciones.

Por todo ello, la orden emitida este miércoles por el Ministerio también prevé que la designación de estos elementos del servicio universal de telecomunicaciones puedan no alcanzar en su integridad el citado período de un año, incluida su posible extensión por un año adicional.

Respecto a que se haya optado por designar un único operador para todo el territorial nacional, explica que esto aporta "indudables ventajas" en términos de una mayor simplicidad técnica y operativa en su prestación, mayores sinergias en las condiciones de planificar las mejores opciones para garantizar su prestación, así como en las condiciones económicas que redunden en un menor coste en la prestación del servicio y, en definitiva, proporciona una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del sistema y la prestación de estos servicios.

Según datos del Ministerio, el número de cabinas telefónicas a finales de 2016 era de 18.161, mientras que la demanda de guías telefónicas es muy reducida, ya que el número de ejemplares en formato impreso entregados durante 2015 ha sido solamente de 127 y el número de ejemplares en formato electrónico entregados mediante descarga ha sido de 9.998.

Por otro lado, el BOE publica una tercera orden relacionada con el servicio universal en el ámbito de las telecomunicaciones relativa al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público.

En este caso, se ha designado a Telefónica como el operador encargado de prestar este servicio para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2017 y el día 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive, en todo el territorio nacional.
 

Servicio Universal de Telecomunicaciones

El servicio universal de telecomunicaciones garantiza que todos los usuarios puedan acceder a una serie de servicios básicos con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

En concreto, incluye cinco grandes categorías, como las guías telefónicas y un servicio de información sobre números de abonado, la existencia de una oferta suficiente de cabinas telefónicas y una conexión a la red fija para realizar llamadas telefónicas y el acceso a Internet hasta 1 Mbit/s.

Las otras dos categorías son garantizar que los usuarios con discapacidad tengan acceso a los servicios anteriores en condiciones equiparables al resto de usuarios y el conocido como abono social, que exige la existencia de una oferta de precios asequibles a los servicios incluidos en el servicio universal para personas con necesidades sociales especiales.

El abono social, del que se benefician unas 55.000 familias, es un descuento que se aplica a los jubilados y pensionistas con renta familiar inferior al 120% del IPREM (639,01 euros mensuales) para facilitarles el acceso al servicio telefónico fijo. Dicho descuento es del 70% de la cuota de alta y del 95% de la cuota de abono mensual.

La financiación del servicio universal es asumida por los operadores del sector y su coste neto es determinado anualmente por la CNMC y distribuido entre los operadores en proporción a sus ingresos. Dicha cantidad se entrega al operador encargado de prestarlo. El último coste neto fijado por la CNMC corresponde al año 2013 y ha sido de 18,3 millones de euros.