Tecnología móvil para controlar el contagio de la COVID-19

En Pekín, cada ciudadano que sale del metro es grabado y se capta su temperatura corporal. Si se detecta que tiene fiebre, se avisa mediante el móvil a todos los ciudadanos con los que se cruzó durante su viaje para informarles sobre su «posible infección».

Esto se debe a que las compañías chinas de telefonía móvil y de internet comparten los datos de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. China o Corea del Sur, casi a las puertas de la epidemia del coronavirus, son casos de éxito del control mediante los macrodatos (big data), aunque en algunos casos con ciertas prácticas que se alejan del derecho a la privacidad y a la protección de datos.

«En China y Corea del Sur, el uso de este tipo de tecnología ha dado resultado. Corea del Sur está realizando esfuerzos y haciendo pasos acelerados en cuanto a la protección de datos, pero China es un país con un nivel de protección inadecuado y está a día de hoy lejos de los estándares europeos», afirma Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

¿Pero ante una epidemia como la actual, a quién pertenecen los derechos: al ciudadano o al bien común? «En este caso concreto, tenemos en juego el derecho a la vida, a la salud o a la integridad física, que precisamente se ha visto afectado por la gran propagación de esta enfermedad entre la población», afirma Blasi. «El derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto y las autoridades de control ponderan los derechos fundamentales, de modo que en según qué circunstancias la protección de datos puede verse reducida por la prevalencia de otro derecho, como es el caso», añade.

Europa empezará a trabajar con los macrodatos para controlar la COVID-19

China o Corea del Sur, casi a las puertas de esta epidemia, lo hicieron y, con los datos en la mano, les funcionó. En el viejo continente, este viernes la Comisión Europea pidió a las operadoras telefónicas que faciliten el seguimiento de la expansión del coronavirus mediante los móviles de los ciudadanos, un experimento similar al que puso en marcha hace unos meses el Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Si lo que se pretende con esta tecnología es saber la trazabilidad de los contactos de las personas diagnosticadas positivas de COVID-19 para poder avisarles de que tienen que confinarse, estos datos tendrían que tener una precisión de menos de dos metros de error, que es la distancia de contagio», advierte Julián Salas, investigador del grupo KISON del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. Además, añade que «los datos de los operadores telefónicos serían aproximados y, sin embargo, se estaría invadiendo la privacidad de los ciudadanos si no se aplican medidas para protegerla».

Bruselas se ha apresurado a afirmar que los datos serán utilizados de forma agregada y anónima, sin identificaciones individuales, y que se borrarán una vez pasada la crisis. «El problema con los datos de movilidad es que son difíciles de anonimizar; el hecho de no tener nombres no evita que sean identificables», explica Salas. Si, por ejemplo, se sabe exactamente dónde vive un individuo y dónde trabaja, es muy probable que pueda saberse quién es, pues estas dos informaciones lo identifican.

Para el investigador, es importante que el Gobierno especifique cómo serán utilizados los datos de movilidad y cómo lo hará para proteger la privacidad de los ciudadanos al utilizar los datos de las operadoras.