El 65% de las contrataciones públicas de servicios y productos TIC realizadas en Andalucía recoge criterios de accesibilidad

El 65% de los contratos públicos de adquisición de productos y servicios TIC realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía recogió algún criterio relacionado con la accesibilidad, según se revela en el informe ‘Compras TIC relacionadas con la Accesibilidad en la Contratación Pública en España’ realizado por el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC).

El informe, que se ha presentado este jueves en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, señala que las licitaciones de productos y servicios TIC relacionados con accesibilidad, discapacidad, mayores o dependencia movieron un volumen de negocio superior a los 10.600 millones de euros en toda España entre 2011 y 2015, que es el periodo analizado en el libro.

En este segmento, el peso de las licitaciones públicas de bienes y productos tecnológicos que incluyen conceptos de accesibilidad para todas las personas pasó en Andalucía de representar el 36,6% del total en 2011 a suponer el 65,5% en 2015.

“La accesibilidad representa una gran oportunidad de negocio para las empresas tecnológicas”, ha afirmado Juan Carlos Ramiro, director general de CENTAC. “Las empresas que no cumplan con los requisitos de accesibilidad cuando concurran a licitaciones públicas corren el riesgo de quedarse fuera del mercado”.

Este informe, el Volumen 6 de la Colección CENTAC, ofrece datos sobre las compras públicas relacionadas con la accesibilidad de los productos y servicios TIC por parte de todos los niveles de las administraciones públicas. En él se pone de manifiesto que el importe medio por licitación TIC relacionada con la accesibilidad fue de 840.000 euros en el periodo 2011-2015, ligeramente por encima de los 780.000 euros de la media del total de licitaciones TIC.

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, ha subrayado que las tecnologías “tienen que ser accesibles para facilitar la autonomía y la calidad de vida de todas las personas”. Asimismo, ha asegurado que el informe elaborado por CENTAC “será de una gran importancia para las administraciones públicas no a largo plazo, sino desde ya”.

“La accesibilidad tecnológica produce un beneficio económico y social”, ha destacado por su parte Jorge Pérez, director de ONTSI, Red.es. “En España hemos pasado en pocos años de un 40% de penetración de Internet a un 80%, y todos los ciudadanos tienen derecho a que los servicios públicos –incluyendo los servicios de Internet- sean accesibles”, ha añadido.

No obstante, el director de Red.es ha lamentado que, con un marco regulatorio de los más avanzados de Europa en materia de discapacidad, España no tenga una industria de las tecnologías de la información y la comunicación accesibles de mayor peso.

Entidades locales, a la cabeza

El informe pone de manifiesto que donde mayor peso tuvieron las licitaciones TIC relacionadas con discapacidad o accesibilidad fue en las entidades locales, con un 67% del total de licitaciones TIC, seguidas de las Comunidades Autónomas (66%). En la Administración General del Estado la cifra fue del 49% de las licitaciones TIC en el periodo analizado.

“Una posible explicación es que las entidades locales son, por norma general, las que prestan un servicio más directo al ciudadano”, ha explicado Rosa Tejerina, gerente de proyectos de CENTAC y autora del informe. Además, Tejerina ha confirmado que el número de licitaciones TIC relacionadas con discapacidad, accesibilidad, mayores o dependencia y su cuota sobre el total de licitaciones relacionadas con productos y servicios tecnológicos ha crecido de forma sostenida durante el periodo 2011-2015.

Si se suman todas las licitaciones generadas por las diferentes administraciones públicas dentro de cada comunidad autónoma, incluyendo las estatales y locales, podemos ver que Aragón es la única que supera la media nacional de cuota de licitaciones TIC accesibles en los últimos cinco años. Tres CCAA superan la media nacional en los últimos cuatro años (Canarias, Islas Baleares y Galicia) y otras cuatro comunidades superan la media en tres años (Andalucía, Extremadura, Madrid y Murcia).

La palabra ‘discapacidad’ es la que con diferencia aparece un mayor número de veces en las Licitaciones TIC. Le sigue, a distancia, el término ‘minusvalía’, una palabra que en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de 2006 quedo derogada por tanto no debería emplearse en los pliegos de condiciones. También se emplean términos como ‘accesibilidad’, ‘WAI’ (Iniciativa para la Accesibilidad Web) y ‘usabilidad’.
 
Marco regulatorio

El segundo capítulo del informe tiene como objetivo servir de instrumento para ayudar a licitadores y a empresas licitantes a garantizar que los productos y servicios TIC que compren las Administraciones Públicas sean accesibles para todas las personas. Para ello, ofrece una visión general de las leyes, directivas europeas y normas que es necesario aplicar, como la Directiva 2014/24/UE o el Proyecto de Ley de Contratos del Sector público entre otros.

Además, analiza dos directivas europeas que tendrán una gran importancia futura en este ámbito: la Directiva 2016/2102 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público; y la propuesta de directiva sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, también conocida como “Acta Europea de Accesibilidad”.