Las operadoras cobran una media de 157 euros por cancelar cambio de compañía

El informe analiza los datos de las compañías proveedoras de servicios de internet con más cuota de mercado en España (Movistar, Jazztel, Vodafone, ONO y Orange) y señala que las penalizaciones para los usuarios que se arrepienten al cambiar de proveedor pueden llegar hasta los 240 euros.

Indica que las cinco principales operadoras de internet en España imponen una penalización a los usuarios que cancelan su portabilidad incluso si lo hacen en el plazo que establece el derecho de desistimiento que prevé la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

Apunta que Vodafone, en su web, se reserva el derecho a cobrar un importe por los gastos que hayan incurrido hasta el momento de la cancelación de la portabilidad y si ésta tiene lugar durante el periodo de previsión cobra 150 euros porque, tal y como confirman fuentes de la compañía a esta web, el compromiso adquirido comienza en el momento de la firma del contrato.

En el caso de la fibra óptica las cantidades que fija la compañía van desde los 90 euros si el usuario se arrepiente antes de que le hagan la instalación hasta los 240 euros si ésta ya está realizada, pero antes de la activación del servicio.

El informe indica que Movistar cobra 100 euros por cancelar la portabilidad por considerar que lleva asociada una utilización de recursos que tiene un coste y se reserva el solicitar al usuario los gastos de la compañía si los servicios comienzan a prestarse durante el periodo de desistimiento.

Por su parte, Jazztel cobra 150 euros a los clientes que cancelan el cambio de ADSL y 240 euros si se trata de fibra óptica pero, según la compañía, no es una multa sino que se refiere a los gastos por la instalación de la línea y solo facturan a los usuarios cuando éstos se arrepienten y ya se ha producido la instalación.

ONO fija en 150 euros la penalización y lo justifica en la web, según Kelisto.com, "para compensar el apoyo recibido" mientras que Orange cobra 137,80 euros por los gastos ya generados por la activación fallida del servicio de ADSL o fibra.