El #CNCE'17 se consagra como un referente en la contratación pública electrónica

Juan Sevillano Martín, Vicerrector de Planificación Económica y Gestión de Recursos de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade, Subsecretario de Estado del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y Rafael Díaz Regañón García-Alcalá, Director General de Recursos y Gestión de la FEMP, llevaron a cabo la inauguración de esta segunda edición del Congreso.

El futuro inmediato de la contratación pública electrónica en la Unión Europea llegó de la mano de Isabel Da Rosa, Policy Officer, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, que abordó los hitos de las nuevas directivas para la contratación electrónica. “La administración electrónica tiene un papel muy importante aquí”, aseguró. “Si no decidimos implantar estas soluciones alguien lo hará por nosotros. Para el sector público es una cuestión de supervivencia implementar estas herramientas. Tener datos sobre la contratación pública nos da información crucial de cara a tener en el futuro una administración pública electrónica mucho mejor”, confirmó.

La mesa de debate sobre La nueva Ley de Contratos del sector público y la contratación pública electrónica arrancó alguna que otra sonrisa entre los asistentes. Moderada por el profesor José Ramón Pin, contó con la presencia de José María Gimeno Feliú, catedrático de la Universidad de Zaragoza, y de José Antonio Moreno, catedrático dem la Universidad de Castilla La-Mancha.

“La relación entre la administración pública y la legislación en una situación que nos preocupa a todos ya no solo como miembros de la administración pública sino como ciudadanos”, aseguró Pin. Con esto, el profesor planteó la duda en la mesa de la eficiencia de nuestras administraciones.

Volviendo al tema que nos ocupa, para Feliú la contratación pública electrónica nos va a costar mucho más que a otros países. “Nos está costando mucho la transformación hacia la administración electrónica. Nos quedamos en los mínimo. No queremos liderar el cambio de los procedimientos electrónicos en contratación y nos quedamos con cumplir los estándares mínimos”. Para José Antonio Moreno, “el proyecto de ley dedica a la contratación pública preceptos dispersos y básicamente reproduce lo que estaba ya dispuesto en la legislación anterior”, aseguró. De esta forma, no se incorpora nada nuevo que permita que se lleve a cabo una exitosa administración pública. Es precisamente la nueva legislación sobre el Procedimiento Administrativo Común la que establece bases sobre notificación de derechos, relaciones de los ciudadanos con la administración electrónica, etc. Por eso sería necesario que la Ley de Contratos estuviese más coordinada con la Ley de Procedimiento Administrativo Común, concluyó.

La nueva gobernanza en la administración pública también estuvo presente en el Congreso. Issac Martín, representante de la Universidad de Castilla-La Mancha, lideró la mesa de debate en la que participaron Elena Hernández, representante del Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Miguel Pardo, representante de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, y Carlos Balmisa, representante de la CNMC.
 
El concepto de contratación pública como medio que garantiza los principios de transparencia y eficacia en los medios públicos fue una de las reflexiones de este debate en el que no faltó el análisis de la gobernanza. Para Miguel Pardo los problemas de la contratación se centran en el aspecto jurídico, conocimiento de los mercados, preparación económica y presupuestaria… que se plantean a la hora de iniciar el proceso.

Entonces, ¿qué debemos hacer para que la supervisión y control de esta Ley sean efectivos? Para Elena Hernández, es necesario implementar estos mecanismos. “Tenemos que cambiar el foco de atención que tiene que estar en la preparación de los contratos”, aseguró. “Quizás, debemos de dar un repensado a las funciones de los órganos porque los órganos de regulación externos hacen la labor a toro pasado”, continuó.

Para Carlos Balmisa es necesario que haya un anexo en el pliego sobre el mapa de riesgos que lleva consigo la contratación pública.
Los habilitados nacionales tuvieron, al igual que en la primera edición del Congreso, cierto papel protagonista. Víctor Almonacid, representante del Consell Insular de Ibiza, moderó la mesa de debate que contó con la participación de Lorenzo Pérez, representante del Ayuntamiento de Gandía, y Jordi Vendrell i Ros, representante del Consell Comarcal del Vallés Oriental.

Jordi no tardó en sacar a relucir el tema de la transparencia. Por ello, “deberíamos convertir la contratación pública en una política pública que requiera competencia, capacidad, profesionales…” Esto sólo es posible si se consiguen agregar capacidades ya que en las entidades locales con pocos recursos es imposible llevar a cabo la implantación de la administración electrónica. Pese a que la legislación es igual para todos los recursos no son los mismos. Por ello, “sólo es posible esta implantación si compartimos recursos y servicios”.

Para Lorenzo Pérez Sarrión “los marcos normativos no son máximos sino mínimos”. La transparencia fue otro de los temas en los que el representante del Ayuntamiento de Gandía centró su intervención. “Hay que sacar conclusiones de la interacción entre contratación pública y corrupción”.

Por su parte, Víctor Almonacid aseguró que “la Ley de Procedimiento es supletoria de la Ley de Contratos”. “A estas alturas, la contratación electrónica es más agil, transparente, eficiente, genera ahorros, más seguridad jurídica… si todo es así entonces ¿necesitamos una Ley de Contratos del Sector Público que regule instrumentos que ya lo están en la normativa vigente?

Lo que tenemos que hacer, según Almonacid, es implantar, gestionar y liderar esta contratación electrónica amparándonos en la cobertura legal existente. “Tenemos cobertura jurídica de sobra para implantar la contratación electrónica”, aseguró. “No necesitamos esperar a ninguna Ley de Contratos”.

Marta Cano, representante del Observatorio de la Contratación Pública, moderó la mesa sobre el fomento de la transparencia, competencia e igualdad de trato entre licitadores. Antonio Maudes, representante de la CNMC, esbozó un diagnóstico de la contratación pública es España. La relación entre administración pública y competencia estuvo presente en esta intervención. “La competencia nos acerca a la eficiencia económica en el uso de los recursos públicos”. Maudes presentó a los asistentes al auditorio las actuaciones de la CNMC referentes a la contratación pública en la era digital con la creación de guías, informes, documentos y reflexiones que se pueden consultar en la página web del propio organismo.

Jesús Lizcano, en representación de Transparencia Internacional España,  ofreció a los asistentes el punto de vista de la sociedad civil. Para Lizcano, en términos de corrupción el foco ha pasado a estar en términos de contratación. “Es importante recordar que la transparencia es un valor fundamental del ciudadano junto con la lucha contra la corrupción”. Para el ponente, “la transparencia es el mejor antídoto contra la corrución”. No la elimina pero sí la limita.
Llegado el turno de Fernando Álvarez, representante del Ayuntamiento de Gijón, salió a la luz la experiencia de este organismo en la implantación electrónica. En palabras de Álvarez, “la transparencia es una técnica de gestión pública para mejorar la gestión municipal”. En Gijón, la implantación comenzó a llevarse a cabo en los contratos menores por ser los más dudosos entre los proveedores. A día de hoy esta implantación les ha permitido incrementar la concurrencia de estos proveedores entre los que hay un 65% de rotación. “Hemos aprendido que necesitamos un registro central de contratos para todo el ayuntamiento”, concluyó Álvarez.

El debate sobre los principios generales y el carácter social en la contratación pública electrónica abrió las intervenciones de la tarde. Jaime Pintos, representante de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, moderó la mesa en la que participaron Julián de la Morena, representante de la Universidad de Castilla La-Mancha, y Bernabé Palacín, representante del Ayuntamiento de Logroño, que aseguró que en la actualidad, “no tenemos una contratación pública electrónica sino una contratación pública y electrónica”. En este sentido, Bernabé apostó por una contratación responsable que deriva en una profesionalización del servicio de contratación.

Para Pintos es muy relevante la positivización del derecho de la contratación pública así como el principio general de desarrollo humano, de sostenibilidad ambiental y de vigencia tecnológica.

Por su parte, Julián de la Morena se dirigió al auditorio. “La innovación esta en vosotros. Pensad de qué manera podéis mejorar los procesos, los procedimientos, aliviar los tiempos..”. El ponente apostó en su intervención por la financiación, formación del personal e innovación.

No faltó en ese congreso la mesa sobre experiencias propias de contratación pública electrónica. María Pilar Batet, representante de la Diputación de Castellón, moderó la mesa en la que Rosario Delgado, representante de la Universidad de Alcalá, María del Rosario González, representante del Concello de Villagarcía de Arousa, Paz García, representante del Ayuntamiento de Daganzo.

En este último caso, la ponente comenzó que en su administración comenzaron implantando un gestor de expedientes en 2007. Sin embargo, en enero de 2012 ampliaron por vía electrónica los servicios ofertados por el ayuntamiento. En 2015 les faltaba por incluir, entre otras cosas, la licitación electrónica.  “Estuvimos estudiando y viendo proveedores y al final en enero de este año lo implantaron.  Ya hemos hecho los primeros tres contratos menores”, aseguró.

En el caso de Villagarcía de Arousa, el proceso de licitación electrónica comenzó en 2015. “Decidimos al cabo de tres procedimientos abiertos tramitados publicar el primer negociado y en noviembre de 2015 publicamos el primer abierto. Conseguimos mucha concurrencia y una rebaja en el contrato del 20%”, aseguró María del Rosario González.

Rosario Delgado comentó que, en el caso de la Universidad del Alcalá, toda licitación salía en electrónico. “Licitamos entre 50 y 70 contratos mayores al año”. “Comenzamos con mucho miedo pero nos dimos cuenta de que lo que pasaba en electrónico no era diferente a los que hubiera surgido en papel salvo los problemas que daban los registros”, aseguró. “Hemos pasado al papel 0 y licitado con empresas extranjeras que nunca se habían presentado. La experiencia ha sido muy positiva aunque el procedimiento no ha sido fácil”, concluyó.

En el caso de la Diputación de Castellón empezaron por dejar de admitir papel y sólo aceptar licitaciones electrónicas.
Las directivas de 4ª generación, las cláusulas sociales y las conexiones con el mercado llegaron de la mano de Francisco Blanco, representante del Ayuntamiento de Barcelona, y Luis Valadares, profesor emérito del Instituto Superior Técnico de la Universidad Técnica deLisboa y miembro del Grupo de Expertos de Contratación Electrónica de la Comisión Europea – ETEG.
Los partidos políticos también tuvieron su espacio en este Congreso. De esta forma, Auxiliadora Honorato representó a PODEMOS, Fernando Navarro, que hizo lo propio con CIUDADANOS, y María Jesús Serrano, en representación del PSOE, dieron su versión sobre la Ley de Contratos y la regulación de la contratación pública.

Begoña Fernández Ruiz, Directora General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, puso el broche final a un congreso que ya es todo un referente en materia de contratación pública electrónica.

También se llevaron a cabo ponencias de gran valor en las salas paralelas. De esta forma, tuvieron su espacio la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Universidad Carlos III, Brother Iberia, Indra, Aytos-Berger Levrault, la Universidad de Castilla-La Mancha, AERCE Madrid, el Ayuntamiento de Valladolid, CDTI, Delgado Pila y Asociados, Ministerio de Salud de Portugal, Hospital La Paz, Hospital General de Granollers, la Diputación de Soria, Vortal, Ayuntamiento de Gijón, Ajuntament de Terrassa, Ayuntamiento de Alzira, T-Systems, Gobierno Vasco, Federación Española de Municipios y Provincias, Ayuntamiento de Mataró, Consell Insular de Ibiza y Ayuntamiento de Boadilla del Monte.