El presupuesto de Interior incidirá en combatir el acoso al menor y la trata

Según el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año, la dotación de la política de seguridad ciudadana será de 5.433 millones de euros.

La lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la inmigración irregular son los objetivos que se persiguen con esta partida.

Para coordinar las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado en esta materia, el Ministerio está tramitando la integración en un solo órgano -el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)- de los centros de coordinación antiterrorista (CNCA) y de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO).

Reforzar la presencia policial en las calles, afrontar las nuevas formas de delincuencia, promover la atención al ciudadano, combatir la violencia doméstica, priorizar los colectivos vulnerables e incrementar la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción son los principales objetivos de Interior en materia de seguridad ciudadana.

Y todo ello sin olvidar la necesidad de dotar con un número suficiente de agentes las unidades dedicadas a la investigación de delitos contra la propiedad intelectual e industrial y fomentar el "uso de todo el potencial de la inteligencia financiera como herramienta esencial para la lucha contra el blanqueo de capitales".

Además, se van a potenciar la lucha contra el acoso de menor en internet, el intercambio de información con otros países sobre agresores sexuales extranjeros que se desplazan a España y los sistemas de detección de posibles víctimas de trata.

También se mantendrá el esfuerzo de cooperación bilateral con los servicios antiterroristas extranjeros y el apoyo a la cooperación regional de los países del Sahel en la lucha contra el terrorismo, con EEUU y con los socios estratégicos de España, y se restablecerá el Equipo Policial de Apoyo (EPA) en caso de gran ataque terrorista.

En "estrecha" colaboración con el Ministerio de Justicia, Interior reitera su apoyo a una reforma penal para combatir la reincidencia en delitos contra las personas y el patrimonio, especialmente los robos en joyerías y viviendas particulares, así como a la creación de un registro central de faltas.

Reeducar y reinsertar a los presos y gestionar medidas alternativas a la cárcel son, entre otras, alguna de las prioridades de Interior en materia penitenciaria, a la que destinará 1.124 millones de euros.

Para las actuaciones de seguridad vial, las cuentas del Estado dedicarán 734 millones de euros para mejorar la fluidez de las carreteras y reducir el número de accidentes y las lesiones derivadas de ellos, de tal manera que 2015 contribuya también al objetivo europeo de rebajar el 50 por ciento la cifra de fallecidos en 2020.

Interior quiere implantar durante el próximo año una dirección por objetivos (DPO) en las jefaturas de Tráfico e implantar un sistema, denominado Tramo, para mejorar el sistema de gestión de sanciones con los ciudadanos y la recogida en tiempo real de información de accidentes, incidencias en la circulación y controles de la Guardia Civil.

Además de las partidas a las tres principales áreas del ministerio -seguridad ciudadana, tráfico y prisiones-, el presupuesto dota con 14,2 millones las actuaciones para catástrofes o situaciones de grave riesgo colectivo (Protección Civil).

Casi 450 millones de euros se gastarán en las fuerzas y cuerpos de seguridad en la reserva; 14 millones en la agencia de protección de datos y poco más de 3 millones a las actuaciones de derecho de asilo y apátridas.