La CE, dispuesta a flexibilizar sus propuestas sobre la protección de datos

Las propuestas se enmarcan en el objetivo de actualizar la ley europea de protección de datos, una legislación que data de 1995, antes de la popularización de la red.

La nueva normativa planteada por Bruselas, que necesitará el visto bueno de los gobiernos de los veintisiete países comunitarios y del pleno de la Eurocámara, facilitará a los ciudadanos, por ejemplo, poder borrar la información que aparece de ellos en buscadores como Google o en redes sociales como Facebook.

Reding indicó, con motivo de un Consejo de ministros de Justicia, que escuchó las preocupaciones de los Estados miembros y propuso soluciones en varios ámbitos, empezando por la cuestión de las posibles trabas administrativas para las empresas, señala un comunicado.

Además, la también vicepresidenta de la CE se mostró abierta a revisar algunas de las disposiciones junto con los Estados miembros y limitarlas "a lo estrictamente necesario para que las normas sean suficientemente abiertas como para aplicarse a futuros desarrollos tecnológicos".

En tercer lugar, la Comisión expresó su disposición a flexibilizar las normas relativas el sector público, "siempre que no vaya en contra de los objetivos de lograr un entorno legal más armonizado".

La comisaria se refirió, por otra parte, a las propuestas para combatir el fraude contra el presupuesto comunitario, otro de los temas tratados en la reunión, y recordó que el objetivo debe ser la "tolerancia cero", para lo que espera contar con el apoyo de los Estados miembros.

Se refirió en particular a que hay demasiados casos basados en la aportación de información falsa para recibir ayudas europeas, por ejemplo en la agricultura o el desarrollo regional, y mencionó los casos de corrupción de funcionarios que aceptan dinero a cambio de asignar un contrato público.

"Estos comportamientos criminales cuestan dinero al presupuesto europeo y a los contribuyentes. Sólo en 2010 los Estados miembros informaron de casos de fraude que ascendían a 600 millones de euros", denunció la comisaria.

Por otra parte, Reding pidió a los países que apoyen a la Presidencia europea de turno, que ejerce actualmente Chipre, para lograr un acuerdo político de cara a modificar la directiva sobre abusos de mercado, de manera que pronto se puedan iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo, colegislador en este ámbito.