La legalidad, base de la nueva economía digital

En pleno debate de los ‘por qués’, que han llevado al Gobierno saliente a no aprobar la Ley de Economía Sostenible –también denominada Ley Sinde-, no es ajeno a ningún internauta o tecnófilo que seguramente, tendremos debate en el próximo año sobre la conveniencia de algunas regulaciones en materia de Internet. Y no es porque el terreno no esté previamente regulado, ya que desde hace varios años tenemos la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), que actualmente se conoce como Ley de Internet Fácil. Esta legislación, forjada en 2002, define como servicios de la Sociedad de la Información (SI),  la contratación de bienes o servicios por vía electrónica, la organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales o la gestión de compras en la red por grupos de personas. Asimismo, son servicios de la SI el envío de comunicaciones comerciales, el suministro de información por vía telemática, el vídeo bajo demanda –si el usuario puede seleccionar en Internet el programa deseado, momento de su suministro y recepción-, y, por extensión toda aquella distribución de contenidos sujetos a petición individual previa.
 
Es decir, la LSSI tiene como objetivo la protección de los intereses de los usuarios de servicios a través de las telecomunicaciones e Internet, y es un instrumento de garantías para la contratación. Por ello, impone a los prestadores de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet, la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la contratación se efectúe con consumidores, el prestador de servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida. Ésto, que parece muy básico, ya era un avance importante en aquel momento, aunque en estos momentos, con las garantías que ofrece la comercialización electrónica, parece ser algo menos relevante que en los tiempos de la “desconfianza” en el comercio electrónico.
Por otra parte, se contemplan sanciones de considerable cuantía, en función de la infracción cometida. Existen tres tramos, que van en primer lugar hasta los 30.000 euros, un segundo tramo que va desde 30.0001 hasta 150.000, y el final que está comprendido entre 150.001 y 600.000 euros. Este marco legal se encuentra a su vez influido por Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Pese a todo ello, se ve que la pelota sobre estos cambios va a quedar en el tejado del Gobierno entrante. Y es que tras una supuesta discusión en el penúltimo Consejo de Ministros de la era Zapatero, donde la presión social llevaba al presidente en funciones a desestimar la aprobación de la Ley Sinde, parece que en el último encuentro de k Gobierno no saldrá el texto adelante. Al respecto, salga adelante o no la Ley Sinde, el destacado jurista Carlos Sánchez Almeida, dibuja el panorama real del momento en que vivimos, ya que en su momento argumentó que “cuando la Ley Sinde entre en vigor, ya estarán preparadas las soluciones técnicas para dejarla obsoleta, aunque los legisladores seguirán trabajando para blindar los privilegios de los poderes financieros y mediáticos”. Todo un apasionante debate que sigue abierto en torno a una realidad a voces como es la nueva economía digital.

Descargar el dossier tecnológico completo