El incumplimiento de esta obligación supone una infracción administrativa grave de la Ley General de Telecomunicaciones.
El expediente sancionador se inició tras la tramitación de dos conflictos de interconexión interpuestos por Vodafone y Orange por el tráfico irregular generado desde sus redes hacia numeración asignada a Jazztel.
Jazztel fue absorbido por Orange en febrero de 2016. Así, la CNMC señala que, aunque la conducta infractora fue cometida por Jazztel, la sanción recae en Orange como compañía sucesora tras la absorción.
Contra esta resolución se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su notificación.
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