La identidad digital, nuevo epicentro del cibercrimen en un escenario cada vez más resiliente

Ayesa Digital ha publicado el informe ‘Ciberseguridad 2026: predicciones y tendencias clave’, en el que analiza la evolución del riesgo digital y las principales tendencias que marcarán la protección de sistemas, datos e infraestructuras críticas en los próximos años. El documento subraya el papel creciente de la inteligencia artificial, el aumento de los ataques basados en la identidad digital y la necesidad de fortalecer la resiliencia ante amenazas cada vez más sofisticadas. 

El análisis indica que, en 2026, la ciberseguridad dejará de ser percibida como un elemento técnico para consolidarse como un recurso estructural comparable a suministros esenciales. La dependencia de sistemas digitales en ámbitos como la industria, la administración pública o los servicios ciudadanos hace que cualquier incidencia tenga efectos directos en el tejido económico y social.

Entre las principales conclusiones del informe, Ayesa identifica un incremento de amenazas avanzadas, especialmente aquellas potenciadas por la inteligencia artificial. Los ataques serán más creíbles, personalizados y difíciles de detectar, utilizando técnicas capaces de replicar voces reales, generar comunicaciones sin errores y explotar la urgencia y el estrés para inducir respuestas precipitadas. A su vez, la IA se posicionará como aliado fundamental en detección y respuesta temprana, siempre que exista supervisión humana y criterios de uso responsable. 

El informe también subraya la evolución del ransomware, que dejará de centrarse exclusivamente en el secuestro de dispositivos para orientarse al chantaje basado en reputación, exposición pública de datos y presión a terceros. Esta tendencia refuerza la necesidad de estrategias de resiliencia, continuidad de negocio y recuperación ágil como prioridades críticas para el sector empresarial. 

Asimismo, Ayesa advierte del impacto de los ciberataques en infraestructuras físicas, señalando que la interconexión entre lo digital y lo físico convierte servicios esenciales como energía, transporte, sanidad o producción industrial en objetivos de alto riesgo. La protección ya no se limita al dato, sino al funcionamiento de sistemas que sostienen la vida cotidiana. 

El estudio identifica la identidad digital como la superficie de ataque más relevante, con un crecimiento notable de fraudes basados en suplantación, ingeniería social avanzada, manipulación audiovisual y deepfakes. En este sentido, el enfoque Zero Trust se consolidará como paradigma: verificar siempre y asumir que la confianza no puede darse por defecto. 

En opinión de Álvaro Fraile, director de Ciberseguridad de Ayesa,
“estamos entrando en una etapa donde la ciberseguridad trasciende lo puramente técnico. La pregunta ya no es si una organización puede ser atacada, sino si está preparada para mantener su actividad, proteger su reputación y recuperarse con rapidez. El reto para 2026 será construir sistemas resilientes, integrar inteligencia artificial con supervisión humana y asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida entre empresas, instituciones y ciudadanos.”

Recomendaciones estratégicas

El informe establece líneas prioritarias para reforzar la seguridad en 2026:
•    Inversiones orientadas a resiliencia y continuidad operativa más allá del cumplimiento.
•    Integración de IA en detección y respuesta, con controles éticos y humanos.
•    Refuerzo de identidades digitales y autenticación avanzada.
•    Políticas Zero Trust y segmentación de redes en entornos cloud e IoT.
•    Formación y concienciación como eje central del factor humano.

Estas recomendaciones son especialmente relevantes para administraciones públicas, compañías industriales, entidades financieras y sectores críticos, que deberán anticiparse al impacto combinado de amenazas híbridas sobre entornos físicos y digitales.

Con este informe, Ayesa consolida su posicionamiento como referente en soluciones de ciberseguridad, consultoría tecnológica y transformación digital, aportando conocimiento estratégico y capacidades avanzadas para acompañar a empresas y administraciones públicas en la protección de sus activos.